Home News Todas las exclusivas de ElPlural.com sobre la nefasta gestión de las residencias...

Todas las exclusivas de ElPlural.com sobre la nefasta gestión de las residencias de Ayuso

15
0


ElPlural.com ha tenido acceso a las actas de las residencias de ancianos durante la peor etapa de la pandemia por el Covid-19, redactadas por la Policía Municipal de Madrid, y ha ido publicando una serie de exclusivas a través de las que puede apreciarse el horror vivido en estos centros en los que murieron 7.291 personas sin recibir atención hospitalaria. Ascensores de uso exclusivo para cadáveres, ocultación de protocolos, traslados sin consentimiento por parte de la Guardia Civil… En este artículo hacemos un repaso a todas ellas.

En primer lugar, las actas que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intentó ocultar confirman la aplicación de los protocolos que evitaban el traslado de los ancianos vulnerables a los centros hospitalarios.  Más de 1.000 informes dejan sobre el papel testimonios completamente espeluznantes: “De los 69 fallecidos, nueve fallecieron en el hospital y el resto (60) lo hicieron en la residencia por la no derivación de dichos pacientes al hospital de referencia (La Paz)”.

“En el hospital no hubieran muerto tantos”

60 ancianos que no contaron la asistencia adecuada en sus últimos suspiros. 60 familias que, además, se enfrentaron al más incómodo de los momentos: “La directora manifiesta que los familiares de seis residentes (de los 60 totales), previa comunicación de su gravísimo estado de salud, nos comunicaron la no derivación hospitalaria permitiendo que su familiar fallezca en la residencia (autorizándolo por escrito a la dirección del centro)”.

Los conocidos como ‘protocolos de la vergüenza’ supusieron una losa para los ancianos internos en residencias. Otro ejemplo de ello es la firmada el 9 de abril a las 11.00 horas en la residencia Geriasa, donde, pese a que los agentes reconocen que se “cumple el protocolo covid de manera eficaz y eficiente”, en el apartado de observaciones se vuelve a ratificar la idea predominante de estos escritos: “En el hospital no hubiese habido tantos fallecidos, puesto que son residencias y carecen de los medios que sí posee un hospital”.

Si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos”. Es el contundente titular que sale del acta de Geriasa. 33 fallecidos de los cuales “solo dos” habían sido en el hospital. El resto, 31, “fallecieron en la residencia sin haberles realizado prueba”.

Ascensor para cadáveres y sudarios con urgencia

A su vez, los escritos policiales a los que ha tenido acceso ElPlural.com también revelan que, dado el elevadísimo número de cadáveres acumulados en las residencias, había espacios destinados al “uso exclusivo” de los fallecidos.

Las actas revelan que esto se trataba de algo habitual en los centros de mayores, que se blindaban para, en la medida de lo posible, evitar más contagios. Esa crudeza viene reflejada también en el acta de Geriasa, donde se expone que contaba con un “ascensor de uso exclusivo para servicio funerario”.

No había pasado ni siquiera un mes desde que Pedro Sánchez declarase el estado de alarma y la situación en las residencias madrileñas ya era trágica. En la residencia Amavir de Usera, a fecha del 7 de abril de 2020, la Policía Municipal expone la tragedia de la siguiente forma: “Se necesitan con urgencia test, EPIs, guantes, batas, mascarillas y sudarios para cadáveres”.

Necesidades palpables que los agentes que visitaron este centro demandaron con “urgencia”, a la vista de que el único material sanitario del que disponía esta residencia era “autoadquirido”. Un panorama de máxima gravedad teniendo en cuenta la envergadura de Amavir Usera, que, el 7 de abril, contaba con 136 residentes, 30 fallecidos y un personal mermado por las bajas laborales de sus profesionales (dos médicos, cuatro enfermeros y trece auxiliares no estaban disponibles en ese momento).

Trato inhumano a los ancianos discapacitados

A su vez, la dificultad del contexto afectó especialmente a aquellos internos que padecían alguna discapacidad. La falta de personal, de información y de medios, sumados al protocolo de la vergüenza, se cebó especialmente con las personas discapacitadas.

Otro de los informes policiales de Geriatel, fechado a 30 de marzo de 2020, es muy directo a la hora de exponer cómo “18 personas con trastornos cognitivos deambulan sin control” y de contar que había “una persona sorda, muda y ciega que necesita no estar confinada”, así como otras que “necesitan asistencia personal”.

El resto de centros deja una situación similar. De este modo lo dejan claro también las anotaciones de la Policía Municipal en el Conjunto Residencial Las Fuentes, donde se destaca que “solicitaron todo tipo de servicios a la Comunidad de Madrid sin obtener respuesta alguna”, lo que generaba complicaciones -más si cabe- en el tratamiento de las personas con “problemas conductuales.

En concreto, el acta expone que “se solicitaron servicios de desinfección a la Comunidad de Madrid cuando tuvieron el positivo que fue trasladado al hospital no obteniendo respuesta alguna”, así como “test rápidos para residentes y trabajadores todos los días”, con el mismo resultado. Asimismo, el centro “quiere hacer constar que a día de la fecha 11 de abril de 2020, lo que demandaban eran mascarillas, batas y test rápidos, siendo esto “especialmente urgente porque “al tratarse los residentes de discapacitados intelectuales, el confinamiento en su habitación puede derivar en problemas mayores conductuales”.

Traslados sin consentimiento por parte de la Guardia Civil

Para más inri, otro escrito fechado a 17 de mayo de 2020 hace otra brutal revelación: la Comunidad de Madrid se valió de la Guardia Civil para trasladar ancianos sin su consentimiento en los momentos más complicados de la pandemia.

El inspector hace una radiografía completa del trato a los internos que se dio en la residencia Los Jardines de Navas, en el municipio de Navas del Rey. Entre gestiones opacas y decisiones protocolarias cuestionables, se encuentra el traslado de cerca de una veintena de residentes a otros “centros residenciales” sin el consentimiento de los internos ni del director de la residencia. De hecho, el gerente de la misma, incrédulo ante esta situación, no dudó en acudir junto a tres trabajadores “al Cuartel de la Guardia Civil de Navalcarnero a denunciar los hechos”.

La gravedad de lo ocurrido radica en la total opacidad y utilización del mando único y de la Guardia Civil sin notificar motivo alguno a la residencia para el traslado de estos internos: “Los usuarios actuales (11) dieron resultado positivo en las pruebas PCR realizadas a todos los residentes el pasado día 7 de mayo. Otros 22 usuarios dieron negativos, siendo trasladados el día de ayer a otros centros residenciales”, exponen las líneas del acta de la Comunidad de Madrid. Y añaden: “Muestran informe de la Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria, del Servicio Madrileño de Salud, de fecha 13 de mayo de 2020 recomendando la evacuación del centro de los residentes con resultado negativo en las pruebas COVID 19”.

El director se mostró categóricamente en contra, tal y como expresa la propia hoja de inspección: “Se adjunta copia del burofax de contestación del director del centro mostrando su disconformidad con dicha medida”. Los internos fueron sacados en contra de su voluntad y la Consejería, directamente, rechazó cualquier petición que fuera contraria a su decisión.

De este modo lo refleja también el documento: “Acudieron al centro varios minibuses, de la Cruz Roja, así como efectivos de la Guardia Civil, para proceder al traslado. El director se opuso al mismo, solicitando algún documento oficial sobre dicho traslado, así como información sobre el destino de los residentes. En cuanto a su primera petición se le remitió al Informe del Servicio Madrileño de Salud, y respecto a la segunda cuestión, afirma que no se le respondió (…) Los usuarios se encontraban aseados y desayunados, con su respectiva medicación, informe médico y equipaje preparado”.

El representante de la residencia supo de la llegada del último transporte, aunque no sabía cuál era el lugar de destino. “Tras la marcha del último transporte, tanto él como otros tres trabajadores acudieron al Cuartel de la Guardia Civil de Navalcarnero a denunciar los hechos”.

Sobreesfuerzos laborales y abandono institucional

Otro de los aspectos clave de todo este caos es la complicadísima situación laboral a la que tuvieron que hacer frente los profesionales sanitarios. La residencia Las Azaleas es un ejemplo perfecto: el acta de este centro, a la que también ha podido acceder este medio, manifiesta que había personal que llevaba casi un mes sin librar. “Durante la noche disponen de dos auxiliares y un médico, que no están en el centro pero sí localizables. Manifiestan que lo más importante es tener test, que no disponen de ellos, tanto para realizarlos a los residentes y trabajadores. Manifiesta llevar sin librar desde el día 8 de marzo, y tanto física como psicológicamente se encuentra agotada”.

Agotamiento y cansancio físico y mental. No es para menos, ya que a los contagios entre residentes y una contratación que se quedaba muchas veces corta para afrontar la realidad se le suma lo rápido que pasaba el virus entre los trabajadores. Sin ir más lejos, el documento mencionado dispone de 51 personas operando a contrarreloj en la residencia, de las cuales 21 eran susceptibles de dar positivo. No era nada extraño en aquellos meses que, frente al escenario, los trabajadores tuvieran que doblar turnos e incluso estar semanas sin librar, como expone este documento en concreto, como consecuencia de una política de contratación insuficiente.

A su vez, en sus actas, la Policía emite numerosas sentencias sobre la disponibilidad de los test de coronavirus, que se agotaron a las escasas semanas de lo peor de la pandemia ante la desatención completa de la Comunidad de Madrid. “No tienen certeza de positivos ya que no han hecho test. Los solicitan urgentemente”, “No han proporcionado test por lo que no se ha realizado ninguna prueba” o “no disponen de test, que son indispensables para saber positivos” son algunas de las frases que más se repiten en los informes de las autoridades.

Lo mismo ocurrió con los EPIS, las mascarillas y otros útiles indispensables para poder desarrollar el trabajo sanitario y de atención a mayores de la forma más segura posible. La demora fue de hasta 20 días después del estado de alarma que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretó el 14 de marzo; y de hasta casi un mes más tarde de las medidas preventivas que algunos centros tomaron -sobre el día 6 de ese mismo mes- ante la sensación de que algo grave estaba empezando a pasar.

La Policía pidió la intervención de la UME y Ayuso se negó

Por último, cabe destacar el papel de la Unidad Militar de Emergencias (UME), a quien el consejero de Políticas Sociales de aquel momento, Alberto Reyero, pidió ayuda mediante cartas tanto al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, como al otrora ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias. Sin embargo, este SOS no fue bien recibido en Sol, con una Isabel Díaz Ayuso que no dudó en desacreditar a su propio consejero y negarse a esta solicitud.

Así lo recuerda el propio Reyero en conversación con ElPlural.com: “Hay un primer momento en el que Ayuso y su entorno me desautorizan”. Aquella pugna, más política que sanitaria, terminaría por saltar por los aires al llegar las primeras actas policiales de las residencias a las manos de los plenipotenciarios en la gestión de los centros de mayores.

Un desprecio que iba en contra de las necesidades expresadas por las propias residencias. Necesidades que, a partir de abril de 2020, tenían a este cuerpo militar como una constante. Por ejemplo, la residencia Dos de Mayo, a fecha de 4 de abril de 2020, pedía la “urgente desinfección por parte de la UME”. Un día antes, el 3 de abril, las líneas del acta de inspección del centro Nuestra Señora del Perpetuo Socorro exponen que la Unidad Militar de Emergencia “no ha desinfectado”. “Solamente ha pasado la Guardia Real a preguntar qué hace falta”.

El día 6 de ese mes, la residencia Nuestra Señora de Montserrat “manifiesta que no ha pasado UME ni bomberos a desinfectar a pesar de haberlo pedido”. Ya el 26 de abril, el centro Misioneras Dominicas del Rosario expresa que “no les han visitado ni la UME ni los bomberos”. Mientras tanto, el número de residencias por las que el cuerpo militar ya había podido pasar reconocen el trabajo desempeñado por la UME. Por ejemplo, el centro Geriatel es uno de los que confirma que, “a la llegada de los componentes se puede confirmar que procedieron a la desinfección de toda la residencia”.

Síguenos en Whatsapp y recibe las noticias destacadas y las historias más interesantes.



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here