El Gobierno da marcha atrás y frena el proceso legal que había lanzado para aplicar una fortísima subida de casi el 40% de la tasa que pagan las centrales nucleares para financiar los costes milmillonarios de desmantelar todos los reactores, de construir siete cementerios nucleares y gestionar durante décadas todos los residuos radiactivos.
El subidón anunciado había puesto en pie de guerra a las grandes eléctricas propietarias de las centrales –Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP-, que habían presentado duras alegaciones y abierto una batalla legal en el Tribunal Supremo contra el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) aprobado por el Ejecutivo y contra su decisión de dar carpetazo definitivo al proyecto de construir un solo almacén nuclear en Villar de Cañas, en Cuenca.
El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, ha decidido paralizar el procedimiento iniciado para aplicar la subida del 39,5% de la tasa que las centrales pagan a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), archivar el texto propuesto de real decreto que contemplaba el alza del recargo a las centrales nucleares y empezar de cero un nuevo proceso sin incluir una propuesta concreta de subida de las tasas de manera anticipada, según confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes oficiales gubernamentales y varias fuentes del sector energético.
El Gobierno da por finiquitado y aparca el proceso de audiencia publica del real decreto ya redactado, y abre un nuevo proceso de consulta pública previa para que el sector pueda dar su opinión sobre cómo legislar acerca de la subida de tasas necesaria, pero sin concretar a priori el incremento. “El Ministerio para la Transición Ecológica reinicia la tramitación del proyecto de real decreto que actualiza la prestación patrimonial de carácter público que financia el servicio de Enresa a las centrales nucleares, lanzando una consulta pública previa, siguiendo así el mismo procedimiento que en 2019, cuando se tramitó la actualización por última vez”, explican fuentes ministeriales a este diario.
El anterior proceso de audiencia pública expiró el pasado 2 de febrero, pero el Gobierno concedió más tiempo de manera excepcional a la patronal Foro Nuclear -en la que se integran las grandes eléctricas- hasta el 26 de febrero. Ahora el Ejecutivo abre de cero un nuevo proceso, éste de consulta pública previa que no presupone la cuantía de la subida en concreto, y las empresas del sector y cualquier actor interesado podrán enviar observaciones hasta el próximo 18 de marzo sobre cómo y cuánto subir la tasa de Enresa. El Ministerio reconoce que buena parte de las alegaciones del anterior proceso de audiencia incluían peticiones para conseguir un mayor plazo temporal.
Un golpe de 180 millones al año
El Ministerio para la Transición Ecológica había activado el pasado enero el proceso para aprobar una subida de la prestación patrimonial que pagan las compañías eléctricas hasta los 11,14 euros por cada megavatio hora (MWh) de electricidad producida por las centrales nucleares, un 39,5% por encima de los 7,98 euros por MWh que se aplican actualmente.
Las centrales nucleares pagan a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) una prestación patrimonial no tributaria -que es la denominación correcta de este gravamen- en función de la electricidad que produce cada una de ellas. En total, dependiendo el volumen final de electricidad anual, las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares (Endesa e Iberdrola, principalmente, y con participaciones residuales también Naturgy y EDP) están abonando en torno a 450 millones de euros anuales de media al fondo con el que se financia el plan de residuos radiactivos, que actualmente cuenta con unos 7.400 millones acumulados.
La subida propuesta hasta ahora por el Gobierno disparará los pagos que realizan cada año las centrales nucleares sólo por esta tasa hasta cerca de los 630 millones de euros, 180 millones más que los abonos actuales. Un fortísimo incremento que estaba provocando un choque directo entre el Ejecutivo y las grandes eléctricas, que llevan años quejándose ya de que la fiscalidad excesiva que soportan las centrales nucleares pone en peligro su viabilidad económica.
Las nucleares denunciaban que todos los impuestos y tasas aplicados ya les obligaba a abonar unos 25 euros por MWh producido (lo que suponía entre el 35 y el 40% de los ingresos de las centrales) y con la subida propuesta de la tasa Enresa se elevaría hasta los 28 euros por MWh (cerca de la mitad de toda la facturación). Según los cálculos recogidos en un informe elaborado por la consultora PWC, las nucleares se iban a ver obligadas pagar en total 1.566 millones de euros cada año entre impuestos y la subida de la ‘tasa Enresa’.
La factura hacia el apagón nuclear
El plan del Ministerio para la Transición Ecológica hasta ahora pasaba por aplicar una subida de la tasa del 39,5% para cubrir los sobrecostes de 2.000 millones de euros del nuevo plan gubernamental de residuos nucleares, y eso después de aplicar en 2019 otra subida de casi el 20%. La subida de la tasa que prepara el Gobierno era consecuencia del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), aprobado en diciembre el Consejo de Ministros y que se erige en la nueva hoja de ruta para las próximas décadas para el cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares, para la gestión de los residuos que dejan y para fijar el coste milmillonario de todo ello y cómo financiarlo.
El nuevo PGRR confirma el cierre escalonado de todas las centrales nucleares españolas entre 2027 y 2035 hasta el apagón total (un calendario pactado por las eléctricas y Enresa en 2019); contempla la construcción de siete almacenes de residuos radiactivos en España, uno en cada una de las centrales, para guardarlos de manera temporal durante cinco décadas; la futura construcción de un enorme almacén definitivo para el año 2073; y calcula una factura total aún por pagar por las centrales en activo de 20.200 millones de euros.
Foro Nuclear, la patronal del sector en la que se integran Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, ha presentado sendos recursos ante el Tribunal Supremo -a los que se han adherido individualmente las propias compañías eléctricas- contra el nuevo PGRR aprobado por el Gobierno y contra la decisión del Ejecutivo de dar carpetazo definitivo al proyecto de tener un único almacén en Villar de Cañas (Cuenca).
Las compañías eléctricas consideran que el nuevo plan de residuos y el fin del proyecto de un solo almacén nuclear son las causas que mueven al Gobierno a proponer una subida de la tasa del 40%, y se niegan a asumir los sobrecostes milmillonarios de unas decisiones que se deben a la falta de consenso político e institucional sobre dónde ubicar un único almacén temporal y que no son imputables a las empresas.